Derechos y libertades fundamentales
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Derechos
y libertades fundamentales.
Éstos
se encuentran recogidos en el Título Preliminar y Título I de la Constitución Española.
Título Preliminar:
Está
compuesto por los artículos:
- Artículo 1:
- España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
- La soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- La forma política del Estado español es
En este artículo se describe el sistema
político que es el eje de cualquier Régimen.
Este artículo contiene tres premisas, que
son:
1.
España
es una realidad histórica que con el actual sistema español constitucional se
da el régimen político actual. La Constitución configura los elementos políticos y
constitucionales de la realidad política-geográfica de España. Nuestro
ordenamiento por tanto, va a tener cuatro grandes focos: la libertad, la
justicia, la igualdad, y el pluralismo político.
Son todos iguales, pero algunos afirman que
es más importante la igualdad que la libertad, para así evitar la
discriminación. Según otros autores, inclusive nuestro profesor, la libertad es
el valor básico. Si pasamos analizar cada uno de estos focos tenemos:
Libertad: es el ejercicio por
el cual las personas deciden en cada momento sobre su ideología, capacidad de
expresarse, manifestarse en su ámbito religioso entre otras cosas. Es la base
que conforma todo el sistema político.
Igualdad:
es
un valor muy básico que pretende que no existan discriminaciones de ningún tipo.
Se puede apreciar el artículo 14 y el artículo 9. 2 de la Constitución. El
mayor problema de este aspecto es la discriminación positiva o inversa.
Justicia:
se
refiere a los criterios de equidad (dar a cada uno lo que le pertenece) es una
repartición de bienes y servicios entre los ciudadanos; por otra parte la
justicia en el ámbito de los derechos y libertades es igual para todos.
Pluralismo
político: es
la capacidad y derecho de los ciudadanos para manifestarse libremente en sus
pensamientos, creencias, idioma, libertad religiosa, libertad de expresión,
ideología política...
España no es un estado confesional, de ahí en
libertad religiosa.
Además del pluralismo político existen, por
tanto, otros tipos de pluralismo como: el pluralismo lingüístico (el castellano
es la lengua oficial del Estado, pero también existen otros idiomas como por
ejemplo el catalán); el pluralismo cultural (la creación de las personas en sus
obras es totalmente libre, no hay represión sino que hay libertad de
expresión); pluralismo ideológico...
Lo más importante de estos valores es que
informan a todo el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que si en un
conflicto judicial hay un problema de interpretación, tendremos que aplicar
según el artículo 1.1 de la Constitución Española aquella norma que esté más
cerca de sus valores. Si todas están por igual, el bien más susceptible de
protección es el que hay que proteger. Por ejemplo: a los niños (el más
protegido es el más débil).
Estos valores se dan en un Estado democrático
y social de Derecho. Un Estado de Derecho es el que se somete a la ley, por lo
que nadie está por encima de la ley sino que todos los poderes están sometidos
a la misma. Sin embargo, un Estado Social y Democrático indica que el
legislador va más allá. Con ello se pretende llegar a los aspectos sociales de
los ciudadanos (al Estado de bienestar, donde exista: asistencia sanitaria,
seguridad social, atención a los marginales sociales, protección a la tercera
edad, paro...) y democráticos (todas las vías de participación de los
ciudadanos se hace mediante la participación popular muestra de ello es por ejemplo
la elección de las Cortes Generales, la elección del Presidente del Gobierno a
través de listas de partidos elegidos por los ciudadanos, la justicia emana del
pueblo (artículo 137) que quiere que la justicia también tiene una base
popular).
2.
La
soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los
poderes del Estado. Esto significa que para las grandes decisiones se requiere
la opinión de todo el pueblo español.
3.
Monarquía
parlamentaria. La monarquía se encuentra recogida en el Título II de la Constitución desde el
artículo 56 a
65; donde se recogen que:
-
La
monarquía parlamentaria es la forma política del Estado Español; es la forma
política y no el fondo, por lo que si los ciudadanos la quieren quitar no
habría problema.
-
Es
parlamentaria, ya que la monarquía está sometida al Parlamento para que sea
válida. El Rey sólo reina pero no gobierna, ya que siempre está sometida al
Parlamento. Por lo que el sustantivo es parlamentaria y el adjetivo y
monarquía.
-
Prueba
de ello es que todos los actos del Rey, para que sean válidos, tienen que estar
refrendados por el gobierno con ministros competentes, ya que sino no son
válidos.
Este primer artículo concuerda con otros como
el 9. 2, el 14, el 16, el 117…
- Artículo 2:
1. El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las
demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección.
- Artículo 4:
1. La bandera de España está formada por tres franjas
horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que
cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias
de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España
en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
- Artículo 5:
La
capital del Estado es la Villa
de Madrid.
- Artículo 6:
Los
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la
Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
En este artículo cabe destacar dos aspectos:
1)
El
análisis histórico de los partidos, en el que a su vez caben dos definiciones:
-
Constitucional:
es al que se refiere este artículo diciendo que "los partidos políticos
expresan el pluralismo político...”.
-
Sociológica-política:
los partidos políticos son asociaciones con una estructura burocrática y un
programa político, pretenden alcanzar y detentar el poder. Sólo las
asociaciones que buscan esto, son partidos políticos. Los partidos políticos no
son sociedades o fundaciones, sino asociaciones, ya que éstas se diferencian de
las otras en que no hay ánimo de lucro. Esta definición, aparece a finales del
siglo XIX y tiene su origen en la
Grecia clásica.
2)
La
estructura de los partidos políticos: es una estructura burocrática dividida en
tres segmentos:
o
Una
base burocrática dividida en recursos materiales.
o
Un
factor de medios como son los locales, los ordenadores... (a más poder más
estructura).
o
Tiene
un fin teleológico, que es el de imponer su programa político, es decir, que un
partido político pretende ganar las elecciones.
Esta definición aparece a finales del siglo
XIX, se dice que nace la Grecia
clásica. Dependen del punto de vista de los partidos donde nacen. Los partidos
políticos nacen con el constitucionalismo moderno a partir de la Revolución Francesa
cuando aparecen constituciones liberales.
Así a lo largo del siglo XIX aparecen los
partidos liberales (que postulan la libertad y la propiedad) y los partidos
conservadores (que postulan la propiedad al igual que los liberales pero
difieren en la libertad estableciendo que un exceso de libertad dañaría las
instituciones, ya que la sociedad no está preparada). De manera que:
§
Liberales:
se basan en la soberanía nacional.
§
Conservadores:
se basan en una soberanía compartida con el régimen.
Aparecen también, por
primera vez los partidos sociales, que introducen, además de la libertad y la
propiedad, la igualdad. Estos reconocerán los derechos sociales colectivos como
el derecho al trabajo, derecho a la sindicalización, derecha la huelga...
A finales del siglo
XIX, se dan los partidos:
1.
Comunistas
o marxistas: Karl Marx y Engels en su obra El
Capital, se encuentran equivocados completamente en su segunda parte. Esta
obra establece que existe una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. El
reparto de bienes no es equitativo porque existe una marginación del obrero
debido a que existe una plusvalía que no se reparte. Se equivoca en que prevé que
va a haber una revolución mundial de los obreros que dará lugar a una nueva
clase social denominada proletariado (cuarta clase social). Esta revolución
dará lugar a la revolución del proletariado, lo que provocará la destrucción
del capitalismo. Pero lo que ocurrió, es que el capitalismo se reformó/adaptó a
las circunstancias, aceptando principios que en un primer momento no quería
aceptar.
2.
Anarquistas,
destacan dos autores:
§
Proudhon
que decía que el Estado debe desaparecer porque es un robo al igual que la
propiedad que tampoco debería existir.
§
Fanelli
que promovió que los partidos anarquistas atacarán al estado. Esta fue la
primera cara del terrorismo.
De ser perseguidos, los partidos políticos
pasarán a recibir apoyo del gobierno e incluso financiación.
En definitiva, los partidos políticos hoy en
día son instrumentos del poder; y a cambio estos tienen que tener unos
estatutos que acaten las reglas del juego. De ahí que haya partidos como HB que
al incluir el terrorismo en sus estatutos, no cumplan las reglas del juego y
por tanto, no sean partidos legales.
Este artículo tiene concordancias con: el artículo
1 (pluralismo político), el artículo 14, el artículo 16 y el articuló 17.
- Artículo 7:
Los
sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna
y funcionamiento deberán ser democráticos.
Este artículo se refiere a los sindicatos.
Los sindicatos son organizaciones cargadas de una ideología con la finalidad de
mejorar las condiciones laborales y sociales de las personas.
El partido político busca detentar el poder,
a diferencia de los sindicatos que buscan mejorar las condiciones sociales y
laborales de los trabajadores.
La historia de los sindicatos se divide en
cuatro etapas:
1.
Prohibición
y seguimiento por parte de los poderes públicos, lo cual se produce hasta la II Revolución Francesa.
Durante esta etapa los trabajadores tenían jornadas de 18 horas, no había
legislación social, los niños trabajaban en las minas, la esperanza de vida era
muy pequeña... todos estos temas eran tratados por los sindicatos que fueron
organizaciones clandestinas que nacieron a través de las cajas de resistencia,
las cuales eran una pequeña parte de dinero que aportaba el trabajador al
sindicato para luego así recibir dinero en caso de huelga. Además, durante esta
etapa los sindicatos estaban tipificados en el Código Penal como asociaciones
ilícitas.
2.
Sistema
de mera tolerancia. Los poderes públicos los despenaliza, pero tampoco los
protege o los fomentan. Esta etapa dura hasta la Segunda Guerra
Mundial (1919). Durante esta etapa se crea más sindicatos como un sindicato
internacional y también se estructuran mejor los que ya existían.
3.
Reconocimiento.
Los legisladores los incorporan al reglamento jurídico-político como
asociaciones que defienden a la clase obrera. En esta etapa aparecen: la baja
por maternidad, pensión por viudedad, regulación del trabajo infantil...
También se regulan:
§
Los
convenios colectivos (pueden ser una empresa, un conjunto de empresas o una
línea de producción): instrumento por el que una pluralidad de trabajadores
conciernan unas condiciones de trabajo. Lo cual tendrá fuerza de ley entre
trabajadores y empresarios. Se regulan el derecho a las vacaciones, permisos,
licencias por maternidad, trabajo infantil…
§
La
huelga (artículo 28): con anterioridad, había sido entendida como un sabotaje
con connotaciones políticas. En la actualidad y lo que realmente es, se
entiende únicamente como una suspensión del trabajo. Además debe cumplir: un
tiempo determinado y un servicio mínimo (el comité de huelga lo pacta, ya que
si no sería una huelga salvaje e ilegal).
4.
Reconocimiento
constitucional. Esta etapa abarca desde la Segunda Guerra
§
UGT.
§
CCOO.
Los sindicatos tienen que ser democráticos y
son subvencionados por el Estado con unas sumas de dinero, sedes para que
cumplan sus funciones…
Las concordancias de este artículo son con el
artículo 1, artículo 14 de artículo 28.
- Artículo 8:
1.
Las Fuerzas Armadas,
constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
2.
Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización
militar conforme a los principios de la presente Constitución.
1.
Los ciudadanos y los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
2.
Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social.
3.
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
Al artículo 9 se le conoce por la doctrina
como la cláusula del Estado de Derecho, ya que viene a establecer dos
cuestiones esenciales, a las que se refiere sus apartados 1º y 2º:
1.
Los
ciudadanos y los poderes públicos tienen que sujetarse a la Constitución y al
Ordenamiento Jurídico (Derecho penal, laboral…); lo que quiere decir que no hay
personas excluidas de la ley (desde el rey, a través del referendo, hasta el
último ciudadano).
2.
No
sólo estamos en un Estado de Derecho sino que también un Estado social y
democrático en el que la libertad e igualdad no pueden ser una quimera, sino
que tiene que ser promovidas para que sean reales y efectivas.
Finalmente, el apartado 3 de este artículo
recoge los principios sobre los que se surte el Ordenamiento Público Español.
Estos principios son:
1.
Principio
de Legalidad: significa que no se puede dictar ningún acto administrativo sino
hay una regulación previa.
2.
Principio
de Jerarquía Normativa: todos los poderes públicos tienen que sujetarse al
sistema de fuentes constitucionales del artículo 1 (ley, costumbre, principios
generales y tratados). Además, los poderes públicos no pueden anteponerse a la
constitución.
3.
Principio
de Publicidad de Normas: todas deben ser publicadas en el BOE, si no se
publican, son leyes constitutivas, es decir, aceptadas por el ordenamiento pero
no publicadas. La finalidad de este principio es que no se alegue el
desconocimiento.
4.
Principio
de Responsabilidad: cuando haya un daño en la legislación, éste debe ser
reparado.
5.
Principio
de Interdicción de la
Arbitrariedad de los Poderes Públicos: este principio prohíbe
la arbitrariedad, es decir, se tiene que actuar en casos iguales de manera
idéntica en base a la ley.
6.
Principio
De Reciprocidad General: existen dos sistemas, el retroactivo y el irretroactivo,
es decir, que se producen efectos desde que se crea la ley.
7.
Principio
de Seguridad Jurídica: consiste en que las normas por la que se rigen los
ciudadanos no les provoque ningún daño.
Concordancias: con el mismo.
Título I, de los
derechos y deberes fundamentales:
Está
compuesto por los artículos:
·
Artículo 10:
1.
La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la
Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social.
2.
Las normas relativas
a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.
En este artículo se plantean 2 cuestiones:
1.
En
su apartado 1º se plantean los fundamentos de los derechos fundamentales. Estos
fundamentos son 2:
-
La
dignidad: que se refiere a los valores que adornan a una persona, una persona
deja de tener esa dignidad cuando supera un umbral, el cual se establece cuando
comete un delito.
-
El
libre desarrollo de la personalidad: que es la posibilidad de que las personas
puedan desarrollar sus libertades. También se refiere al respeto social,
académico… que se merecen las personas.
-
Respecto
a la ley: ya que la ley es un bien común de todos.
-
El
fundamento de toda democracia es que nuestros derechos están reconocidos, y
estos terminan donde empiezan los derechos de los demás, es decir, “nadie puede
hacer lo que le dé la gana”.
Esto es el fundamento del orden político y de
la paz social; y por tanto, son los propios fundamentos de la Constitución.
2.
En
su apartado 2º se plantea cómo han de interpretarse estos derechos
fundamentales. Por tanto, este apartado es una pauta de interpretación de estos
derechos. En este apartado se establece en el cuando surja un problema del
campo que sea se debe aplicar un derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es
decir, que las normas se interpretan conforme a esta declaración. Añade también
los acuerdos internacionales como el Convenio de Roma de 1950, que es el
convenio de protección de los derechos humanos, por el cual se protege los
ciudadanos. Por ejemplo: después de aprobarse la Constitución todavía
no había televisiones privadas.
Concordancias: artículo 1 (porque establece
como valor la igualdad, la libertad...), artículo 93 (tratados internacionales)
y del artículo 14 al 29 (porque estamos hablando de derechos fundamentales).
-
Capítulo I: de los españoles y extranjeros.
1. La
nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la Ley.
2.
Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El
Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España.
En
estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho
recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de
origen.
·
Artículo 12:
Los
españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
·
Artículo 13:
1. Los
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el
presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.
2.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse
por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales.
3. La
extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley,
atendiendo al principio de reciprocidad.
Quedan
excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales
los actos de terrorismo.
4. La
Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los
apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
-
Capítulo II: derechos y libertades.
·
Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la Ley , sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Este artículo es el
referido a la igualdad, la igualdad ante la ley, ya que sin igualdad no puede
haber derechos.
El legislador
constituyente con este precepto ha pretendido aclarar que ninguno de los
derechos que se contiene en él, los preceptos del 15 al 29, podrían existir sin
igualdad. La parte que no quiere el legislador es que todos seamos iguales
(como en un sistema comunista), sino que lo que pretende es una igualdad
primaria, es decir, ante la ley. Por tanto, quedan excluidos los motivos de
discriminación tanto por raza, sexo, opinión…, ya que no pueden existir estas
discriminaciones ante la ley.
Además, existe una
discriminación positiva, que consiste en favorecer a los más desfavorecidos.
Esta discriminación si es legal, pero desde el punto de vista constitucional no
es justa, ya que constitucionalmente no es buena ninguna discriminación.
Concordancias:
artículo 1, artículo 12, y desde el artículo 14 al 29.
§
Sección primera: de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas.
Los derechos fundamentales son aquellos
derechos constitucionales que aparecen regulados desde el artículo 15 al 29 (se
suele incluir también el 14). Son aquellos que regulan aspectos esenciales de
la vida humana como: la vida (artículo 15), la libertad (artículo 16)... son
derechos que están especialmente protegidos, porque son aquellos derechos que
pueden ser amparados por el Tribunal Constitucional a través de un recurso
llamado recurso de amparo (cualquier otro derecho no puede llevarse al Tribunal
Constitucional).
·
Artículo 15:
Todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las
Leyes penales militares para tiempos de guerra.
Este artículo es el referido al derecho a la
vida. Los podemos dividir en 3 aspectos:
1.
Derecho
la vida antes de nacer: el derecho civil hace mención de ello, pero los
constitucionalistas plantean que una vez toma la forma humana ya tiene
derechos. Desde el punto de vista constitucional, se plantean problemas como:
·
"Todos
tienen derecho a la vida": desde que se concibe la persona ésta tiene
derecho a la vida.
·
En
contra, se encuentra la voluntad de la madre para interrumpir el embarazo.
Entre estas dos teorías se llega a una
síntesis según el Código Penal, con la Constitución ; de manera, que el embarazo sólo se
puede interrumpir en 3 supuestos:
-
Cuando
hay una situación de violación.
-
Cuando
hay un riesgo para la madre.
-
Cuando
el feto va a nacer con algún problema o malformación.
Esta síntesis no
asociado a ninguna de las dos teorías. Aparecen otros motivos de interrupción
del embarazo como por condiciones sociales, una ley de plazos que determina la
posibilidad de paralizar el embarazo dependiendo en que fase se encuentre….
Todo esto da lugar a contradicciones que legislador ha intentado solucionar,
pero que no lo conseguido.
2.
Derecho
a la vida durante la vida: la vida es el fundamento de todos los derechos, sin
vida no hay existencia y por tanto, no hay derechos. La vida debe ser
manifestación de dignidad; de manera que tienen que otorgar una integridad
física y moral. Los poderes públicos tienen que lograr que esos seres tengan
una dignidad, es decir, que las personas con problemas podrán vivir con
dignidad. Por ejemplo: en la
Alemania nazi los que nacieron con algún defecto eran
exterminados, ya que eran un estorbo social y una carga (eugenesia: pretende
eliminar a los seres que nacen con taras).
Durante la vida las personas que han
infringido las leyes, el Código Penal ejerce en el "ius pudiendi";
pero el Estado no puede poner penas corporales, esto plantea un problema
importante, ya que hay delitos en los que los sujetos no sé reinsertan
socialmente, como en los delitos de terrorismo o agresión sexual (sólo en muy
pocos casos de terrorismo, pero en los de agresión sexual no sé reinsertan
nunca). En algunos casos para solucionar esto se pretende ejercitar la
castración o aplicarles alguna droga, pero la Constitución prohíbe
las penas corporales por lo que para solucionarlos debería modificarse el
artículo 15 o el 25 de la Constitución. Tampoco se admite la tortura o las
penas degradantes.
-
La
Constitución salva de esta manera la dignidad del ciudadano sea cual
sea su condición.
3.
Derecho
a la vida ante la muerte:
Con relación a esto, cabe destacar tres
ideas:
-
La pena capital o de muerte: consiste en la
eliminación por el Estado de un sujeto que ha cometido un delito
suficientemente grave para aplicarle la sanción. Podemos destacar 2 teorías:
1.
Abolición
de la pena de muerte: la pena de muerte no garantiza que no se cometan delitos
y se degrada la dignidad de la persona. En la actualidad, se está eliminando la
publicidad de este aspecto.
2.
Aceptación
de la pena de muerte: la pena de muerte se debe llevar a cabo en determinados
casos como la violación con muerte, delitos de terrorismo, violación de niños,
en delitos sociales graves en general... algunos defensores de esta teoría
defiende que todo el que cometa una muerte se le debe aplicar esta pena. En
España, la abolición de la pena de muerte no es completa, ya que ésta no se
puede llevar al cabo salvo en tiempo de guerra; por lo que no está abolida de
manera absoluta.
-
La eutanasia: es el derecho para que las personas que
sufren o no hay remedio médico científico para salvarlas puedan ser
exterminadas sin sufrimiento, ya que con este medio se pretende aliviar el
sufrimiento de una persona.
Desde el punto de vista de la religión
católica, no es admisible, ya que Dios puede salvar a esa persona. Ante estas
cuestiones aparece:
-
El testamento vital: consiste en que una persona disponga
de los votos de su vida, qué quieren que hagan con él si sufre mucho y si es
así que le den un curso (un tránsito a la otra vida) lo cual se hace
médicamente. Ante problemas sin soluciones, esto lo plantea de forma personal
cada persona.
·
Artículo 16:
1. Se
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para
el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
2.
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica
y las demás confesiones.
La libertad es un ámbito subjetivo y objetivo
de las personas para ejercitar sus opciones. El ámbito subjetivo de la libertad
tiene 3 direcciones:
·
Ideológica:
se refiere al derecho de pensar o decantarse por una determinada forma de
pensar, para así elegir una ideología. La libertad ideológica es previa a las
demás.
·
Religiosa:
es la facultad de elegir entre una religión u otra sin que ello implique
persecución.
·
De
cultos: es la facultad que tienen los ciudadanos de manifestar en público sus
creencias; la única limitación es que la libertad de culto no puede alterar el
orden público.
Actualmente, en muchos países está prohibida
la libertad de cultos, sobre todo en países árabes en donde la única religión
permitida es la musulmana.
El apartado 3º de este artículo dice que
ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo cual quiere decir que no es un
Estado Confesional, ya que no asume como oficial ninguna religión. Un Estado
será confesional cuando tienen una religión establecida; esto no hay que
confundirlo con el Estado laico, el cual se desentiende por completo de todas
las religiones, considerándolas como entidades privadas, por lo que nos
subvenciona ninguna religión. Sin embargo, en este apartado 3º se recoge que los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española.
El 3/1/1979 se firmó un acuerdo entre España
y la Santa Sede
que garantiza determinados actos católicos como el matrimonio religioso o la
enseñanza de religión en los centros escolares. También hay acuerdos con la
religión evangélica, musulmana...
Concordancias: artículo 6, artículo 7,
artículo 9 y artículo 23.
·
Artículo 17:
1. Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en
los casos y en la forma previstos en la Ley.
2. La
detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda
persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las
diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
4. La
Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo,
por la Ley se
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Este artículo se refiere a la seguridad, y es
de gran importancia ya que todos los Derechos fundamentales no tienen sentido
si no hay seguridad.
La seguridad es la protección natural de la
libertad. También se recoge la seguridad jurídica que es aquel medio eficaz por
el cual los ciudadanos saben a qué atenerse y, adecuan y reclaman sus derechos.
Por eso, se dice que nadie puede ser privado de su libertad excepto cuando se
detenga por delito fragante, por orden judicial o cuando se envíe a un centro
penitenciario por una sentencia firme.
El apartado 2º de este artículo, con relación
a esto, recoge la detención preventiva, pero no puede durar más tiempo del
estrictamente necesario, ya que ningún caso podrá exceder las 72 horas. La
detención preventiva se puede eludir bajo fianza (libertad con cargos) o sin
fianza. Todas las personas con cargos tienen derecho a ser informadas de que se
les acusa y la asistencia letrada, y además tienen el derecho a no declarar.
El apartado 4º de este artículo recoge el
"habeas corpus”, que consiste en que toda persona que es detenida tiene
derecho a explicarse ante un juez imparcial. Lo mismo ocurre en si en vez de ser
detenido en los órganos policiales se le interna en un centro psiquiátrico (Ley
Orgánica 14/1984 de 24 de mayo).
·
Artículo 18:
1. Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
2. El
domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante
delito.
3. Se
garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La
Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
En este artículo se refiere al honor de la
persona. El honor podemos definirlo como el aprecio que tiene uno de sí mismo y
sobre todo, el aprecio que los demás tienen sobre uno mismo (se refiere a la
sociedad). Es un valor intrínseco, intangible. Éste honor es una especie de
patrimonio corporal y espiritual, que no tiene en un principio un valor
económico, aunque cuando ese honor es violado no hay que fijar una cuantía. Es
pluridireccional, ya que el honor tiene 3 proyecciones:
1.
Intimidad:
el derecho de una persona ejercer su vida privada de la forma que mejor la
plantea sin perjuicio de los demás.
2.
Familia:
relación conjugada entre los miembros de una familia.
3.
Derecho
a la propia imagen: todos tienen derecho a usar su imagen de forma exclusiva
sin que otros se aprovechen de ella. Hay ocasiones en que existen fines
lucrativos, por ejemplo los famosos que venden su honor. Pero por ejemplo, si
una niñera de un famoso sin permiso cuenta la vida del mismo se puede
interponer una demanda sobre el honor. Esa protección del honor en principio no
tiene una valoración económica pero en el momento en que es violado los jueces
pueden poner una sanción económica.
18.1: Ha sido objeto de la
Ley Orgánicala Propia Imagen. Por
ejemplo, por el honor lo está protegido el discurso de los políticos, su imagen
que puede ser objeto de uso periodístico o el uso de su voz; tampoco está
protegida la imagen de personajes históricos...
18.2: El hombre político tiene el límite en
su casa, es decir, el límite es el domicilio de la persona, que es inviolable
salvó 3 casos:
·
El
consentimiento de la persona (autorización del titular).
·
La
policía con autorización judicial.
·
Presunción
de delito. Por ejemplo cuando alguien grita que le está matando o que le
ayuden.
Esto no puede incumplirse bajo ningún
concepto. El domicilio no se refiere sólo al que es propietario de una casa o
al que es arrendatario, sino que además se refiere al alto alquila la
habitación del hotel. Por tanto, el domicilio puede definirse como el
habitáculo donde una persona realiza su vida sin preocuparse del título
jurídico.
18.3: La intimidad se extiende al domicilio
pero también se extiende al secreto documental, por ejemplo en la
correspondencia, o las llamadas telefónicas; lo cual es un delito y una
violación de la intimidad importante.
Cuando por orden judicial se produce o se
admite poder interceptar una llamada porque se presupone que se va a cometer un
delito o se está cometiendo, es decir, hay una sospecha, se permite captar esa
llamada; pero antes se tiene que pedir una autorización judicial y el juez
impone 3 requisitos:
a.
Especificar
el teléfono.
b.
Especificar
el titular del teléfono.
c.
Especificar
el número de los días que se puede interceptar la llamada.
18.4: Narra los derechos de la informática,
en donde existen tres grandes descubrimientos:
a.
La
imprenta dio seguridad.
b.
La
informática permite comprar, vender, comunicarnos... en este ámbito se da lo
que se conoce como "criaturas del mal" que son personas que graban
cosas violentas o prohibidas y lo cuelgan de Internet, además se cuelgan juegos
(en los casinos el juego está regulado pero en Internet no, esto hace que menores
puedan jugar en sistemas ludópatas lo cual viola los artículos 20 y 18), lo
cual es un atentado muy grave que provoca daños irreversibles a menores entre
otras consecuencias. Como consecuencia de ello, este último apartado del
artículo 18 se ha desarrollado a través de una Ley de Protección de Datos
Personales que es la Ley Orgánica
Concordancias: artículo 11, artículo 15 y
artículo 20.
·
Artículo 19:
Los
españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el
territorio nacional.
Asimismo,
tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Este derecho
no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
Se refiere a la libertad de movimiento o
libertad de residencia (circulación por el territorio nacional).
La libertad de residencia es un derecho
fundamental en el que un ciudadano opta por el lugar donde quiere vivir,
trabajar...
También significa circular/viajar por el
territorio nacional.
Este precepto aparece por el Estado de
Derecho se entiende que es distinto del autoritario, en el que los ciudadanos
no tengan trabas a la hora de circular.
En su segundo párrafo, presenta un carácter
pedagógico y pretende recordándonos que antes no se ha podido circular
libremente (en la época de la dictadura).
Los casos que la ley no permite la libre
circulación son:
1)
Cuando
hay un auto de prisión provisional (se paga una fianza y la persona está libre
hasta el juicio), no se puede abandonar el territorio para huir o por la
seguridad social. Esto es una medida europea, entonces el juez pide el
pasaporte y dar la orden a todas las fronteras para el sujeto no pueda salir
del territorio, ya que en la
Unión Europea no hace falta pasaporte, ya que reconoce la
libertad de los ciudadanos europeos en toda Europa.
2)
Se
puede limitar la libertad de movimiento de las personas en la Unión Europea.
Concordancias: 1.1, 9.2, 35 y 17.
·
Artículo 20:
1. Se
reconocen y protegen los derechos:
a.
A expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción.
b.
A la producción y
creación literaria, artística, científica y técnica.
c.
A la libertad de
cátedra.
d.
A comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas
libertades.
2. El
ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa.
3. La Ley regulará la organización y
el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del
Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de
los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la
sociedad y de las diversas lenguas de España.
4.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en
este Título, en los preceptos de las Leyes que lo
desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Solo
podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.
Tiene una concepción dinámica y se refiere al
proceso mental lógico que nos convierte en ciudadanos a través de nuestro
derecho a pensar, idear u opinar libremente por medio de la palabra.
Por ello los delitos de pensamiento, de
escritura y los medios de comunicación (de gran importancia en la actualidad)
no son perseguibles.
Por tanto, lo que hace la Constitución es
sentar las bases de esa libertad de pensar y opinar en este precepto.
En la actualidad, gracias a los medios de
comunicación la sociedad ha sufrido grandes avances, cambios y modificaciones.
Sin embargo, los medios sociales se han hecho muy agresivos debido a la
televisión, ya que antes cuando estaba subvencionada por el Estado esto no
ocurría. Esta televisión privada incide en medios agresivos para obtener
ganancia, obtener cuota de audiencia para obtener beneficios, esto desemboca en
una batalla entre cadenas.
20.1: es el derecho tradicional, el derecho
que tienen todos de expresarse libremente pensando, opinando...; esto se
denomina libertad ideológica (ligada al artículo 16),lo cual tiene unas
proyecciones:
1)
La
creación que es una de las características más importantes de las capacidad
humana. Por ejemplo: Galileo descubrió que la tierra no era plana sino redonda,
y que se movía alrededor del sol. La iglesia estaba en contra y por ello le
llevó a un juicio de contradicción. Por tanto, había un control
religioso-político que impedía que la creación pudiera suponer un problema para
el poder en esa época. Por ello, a través de este derecho se pretende evitar
estas limitaciones de la creación humana.
2)
Libertad
de cátedra: es el derecho por el que los profesores imparten su asignatura de
acuerdo a los criterios profesionales que consideren convenientes. Sin embargo,
tienen como limitación el derecho a recibir la información de los alumnos, el
cual es inviolable por el profesor. Por tanto, el profesor puede elegir el
método de enseñanza, pero no la enseñanza.
3)
Libertad
veraz: derecho de los ciudadanos a recibir la verdad o realidad de todo lo que
ven y escuchan a través de los medios de difusión.
4)
Conciencia
y secreto profesional: ambos conceptos son muy próximos y significa que en determinadas
profesiones cuando reciben información de un tercero no tienen obligación de
desvelar sus fuentes. Por ejemplo: un terrorista le cuenta un periodista que
hizo un atentado, el periodista no está obligado a informar a la policía; o un abogado si sabe que su cliente es un
asesino no puede ir a la policía para decir que es un asesino, sino que
únicamente puede decir que no quiere llevar el caso; o un sacerdote en
concesión si una persona le dice que es un asesino no puede ir a la policía y
decirlo; o los médicos respecto a los datos clínicos de sus pacientes...
Fuera de estas profesiones, sí se tiene el
deber de poner en conocimiento (“noticia criminis”) de la policía una confesión
de tal importancia.
20.2: la censura previa es un acto/poder
limitador de los poderes públicos respecto de la creación de los ciudadanos,
por eso la Constitución
no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Antiguamente, para qué un libro fuera
publicado, la Iglesia
leía su contenido y decía si se podía publicar o no. A partir del siglo XIX se
elimina este tipo de censura. Pero con la dictadura de franco aparece una
censura política. Por ejemplo: para que una película fuera televisada en cine
tenía que ser vista por un militar, un sacerdote y el del cine, éstos tenían
que dar el visto bueno, ya que si no era así era censurada. Un ejemplo de
película censurada en esta época fue Mogambo.
20.3: no es un derecho fundamental. Las
televisiones públicas tienen que garantizar el acceso de los que están
representados por las comisiones o partidos políticos, es decir, un comité
formado por los partidos mayoritarios para que los ciudadanos puedan expresarse
a favor de un partido político.
Los límites de estos derechos son los
derechos fundamentales, sobre todo el derecho de honor, la libertad y la
seguridad.
20.4: finalmente, respecto a la censura
previa, no cabe actualmente secuestro, es la consecuencia de la censura
posterior y que consiste en pedirle al juez que secuestre una publicación. Por
ejemplo: cuando una publicación supone un peligro público para el afectado, el
juez debe acordar la retirada de esa publicación.
Esta decisión es tomada únicamente por un
juez de forma motivada, ya que el juez es el que valora técnicamente sí se ha
perjudicado o no han afectado.
Concordancias: 1, 6, 7, 9.2, 9.3, 16 y 17.
:
Todos estos derechos vistos hasta ahora son
derechos individuales, ya que se predican de forma individual.
Los derechos que se nombran a continuación,
no son derechos individuales, sino que afectan a las personas en general, es
decir, son derechos que se ejercitan en combinación con otras personas, lo que
supone que tienen mayores limitaciones que los anteriores. Estos derechos son:
·
Artículo 21:
1. Se reconoce el derecho
de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará
autorización previa.
2. En
los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o
bienes.
21.1: Se refiere al derecho de reunión.
El derecho de reunión es un derecho
fundamental que se define como aquella reunión pública por la que se agrupan un
grupo de personas para discutir o
exponer problemas que les atañe. No necesita autorización previa o permiso. Son
ejemplos de reuniones: una boda, una comunión, una fiesta en casa,
Nochevieja... Por tanto, estas reuniones pueden ser muy diversas como
religiosas, ceremoniales, sociales, lúdicas…
En una dictadura, no podía haber reuniones en
casa de determinadas personas o cualquiera que pudiera resultar sospechosa; por
ello el constituyente, además de recogerlo en la Constitución , lo ha
especificado en la LO
9/1983: que es la ley que regula el derecho de reunión.
21.2: Se refiere al derecho de
manifestación.
A diferencia del derecho de reunión, que se
lleva a cabo en sedes privadas (en una casa, un local...); el derecho de
manifestación se hace en un tránsito público, es decir, es una reunión pública
que se lleva a cabo en zona pública (calles, plazas...).
Para pueda llevar a cabo una manifestación se
deben cumplir los siguientes requisitos:
1)
Que
la manifestación se comunique anticipadamente a los Delegados del Gobierno del
lugar (a la autoridad).
2)
La
autoridad puede cambiar el trayecto de la manifestación si coincide con el de
otra manifestación de ideología contraria, para evitar así posibles conflictos.
Normalmente, los manifestantes no se niegan al cambio de ruta, pero si así
fuera, permanecerá con la ruta inicial el primer grupo de manifestantes que
comunicará la manifestación. La manifestación se debe de solicitar con una
antelación de 3 días, de manera que si esto no se respeta la manifestación no
se concede. Esto es así, para que el Gobierno tenga tiempo para tomar las
medidas necesarias para celebrar la manifestación.
3)
Una
manifestación sólo podrá negarse cuando existan razones fundadas de alteración
del orden público con peligro a las personas o bienes ajenos; no pudiéndose
negar por perjuicios que se tengan o por cualquier otro motivo. Con esto, el
constituyente pretende que las manifestaciones sean pacíficas primordialmente.
Por ejemplo: si se van reunir unos Skin con armas con fines delictivos, no se
está dando una asociación pacífica sino delictiva.
La manifestación además, está regulada
también por la LO
9/1963, apareciendo su regulación justo después del derecho de reunión.
En caso de que a consecuencia de una
manifestación se produzcan daños a personas, bienes... se piden cuentas al
organizador de la misma; por eso normalmente, los convocantes de una
manifestación procuran que no se produzcan actos selectivos por parte de los
manifestantes. Normalmente, las peores manifestaciones son la de los
estudiantes, debido a que aunque sus guardias de seguridad los lleven, suele
haber infiltrados. Además, los estudiantes son insolventes y en caso de causar
daños personales o materiales no tienen nada con qué pagarlos.
En el caso de las manifestaciones, a
diferencia de las huelgas, los que participan en ellas no pierden dinero.
·
Artículo 22:
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios
tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo
deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter
paramilitar.
22.1 y 22.2: El derecho de asociación crea un vínculo entre
las personas que se asocian. Por ejemplo: al crear una asociación cultural, de
seguimiento del Real Madrid...
Es una agrupación permanente de
personas, pero con un fin institucional que puede abarcar desde actividades de
amigos a fans de un cantante. De esta manera, crea un vínculo permanente y
definido para una determinada idea, ya sea cultural, política, social...
Dicho esto, podemos decir que el
derecho de asociación es un derecho fundamental en virtud del cual dos o más
personas configuran una entidad con fines varios que pueden ser de carácter
lúdico, cultural, político, religioso, científico y técnico; es decir, todas
las materias que abarca la vida humana.
Por tanto, este derecho es
formulado gracias a términos que van desde una tendencia restrictiva a una
tendencia de libertad.
Etapas por las que ha pasado:
1.
Por prohibición: en la etapa del régimen absoluto todas las
asociaciones estaban prohibidas. Algunas eran aceptadas cuando se comprobaba
que estas asociaciones no tenía fines políticos.
2.
Restrictiva: en esta etapa se empezaron a crear asociaciones
religiosas, culturales, científicas... pero no habían cuajado todavía las
asociaciones políticas.
3.
Con el constitucionalismo que aparece al principio del siglo XX,
el derecho de asociación se acaba consolidando como un derecho fundamental
libre, para que así las asociaciones pudieran ejercer cualquier actividad
libremente.
Debido a que la Constitución es
escasa respecto al derecho de asociación, aparece la LO 1/2002 que regula el derecho
de asociación. Esta ley se relaciona con el artículo 22.2, ya que en ambos se
dice más o menos lo mismo.
22.3: hace
referencia a cómo se constituye una asociación diciendo que una asociación se
constituye a través de una convención en la que tiene que haber dos o más
personas, de las cuales todos están de acuerdo en constituirla.
Los requisitos que se requieren
para su formación son:
1.
Convención: se refiere a la concurrencia de voluntades de un
conjunto de personas que pretenden crear una asociación con un fin lícito.
2.
Esa convención tiene que tener unos Estatutos, que son
instrumentos que van a regular la vida de la asociación.
3.
La sociedad tiene que llevarse al Registro Mercantil. Sin embargo,
la asociación no necesita ser distinta en ningún otro registro, ya que la
inscripción no tiene eficacia constitutiva, si no declarativa. Sólo deberán
inscribirse a efectos de publicidad, es decir, si la asociación quiere darse a
conocer, lo cual es una garantía para saber quién está detrás de la misma.
Las asociaciones son reguladas
por la Consejería
del Interior de cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, si la asociación es de
ámbito español, debe ser inscrita en el Ministerio de Interior Del Gobierno de
España.
22.4: Sienta una garantía política-jurídica de las asociaciones, al
establecerse que sólo el juez puede disolver una asociación, indicando los motivos
(como por ejemplo si son asociaciones neonazis, racistas...). Entonces el juez
dicta una sentencia motivada, justificando porque no se puede constituir la
asociación y dicta la resolución correspondiente. Esto en su caso, se debe
llevar al Tribunal Constitucional.
22.5: Este último apartado, no tiene razón de ser, ya que en el Estado
de Derecho existen las fuerzas armadas, por lo que estas asociaciones no son
necesarias. Lo que hace en este apartado la Constitución es poner
un límite.
Concordancias: 1.1, 6, 7 y 16.
·
Artículo 23:
1. Los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio
de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal.
2. Asimismo, tienen
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos,
con los requisitos que señalen las Leyes.
·
Artículo 24:
1. Todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos
tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley , a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra
sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Es
el derecho fundamental que se refiere a la tutela judicial efectiva. La cual, se
define como el derecho que tienen todos los ciudadanos para que sus
reclamaciones sean resueltas mediante una sentencia de un juez. Por tanto, este
artículo regula las garantías procesales. Plantea 3 problemas:
1. Que todos los
ciudadanos tienen derecho a que sus reclamaciones sean resueltas a través de la
sentencia de un juez. El juez no puede
decir que no sabe/quiere resolverla ("non liquiet”, quiere decir
"dejó de fallar"), es decir, el juez no puede dejar ninguna
reclamación sin resolver.
2. El ciudadano tiene
derecho a presentar los medios necesarios para defender su reclamación/postura,
no pudiéndose negar las pruebas que aporte el mismo, ya que de lo contrario se
daría lugar a la indefensión.
3. En la resolución de
estas reclamaciones no cabe la contradicción, ya que las reclamaciones
similares de las partes deben ser igualmente contestadas, es decir, todas las
contestaciones van a quedar registradas y publicadas, de manera que ante una
misma cuestión siempre se dará la misma solución.
De
esto, se desprenden una serie de consecuencias:
1. No se puede elegir a
cualquiera como juez, pues éste se designa según lo establecido por la ley (un
proceso de selección igual para todos) y atendiendo a la competencia
territorial, es decir, las órdenes jurisdiccionales (el legislador ha establecido
4 órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Laboral)
están dentro de unas competencias territoriales, por lo que las reclamaciones
se hacen en donde se ha cometido el acontecimiento. Sin embargo, cuando se
tratan de delitos más graves como de droga, terrorismo... no importa el
territorio, ya que éstos son tratados por la Audiencia Nacional.
2. Todas las partes
tienen derecho a la asistencia letrada, independientemente de su poder
adquisitivo, condición ciudadana, personal... En el caso de no tener medios
económicos para poder pagar un abogado, el Colegio de Abogados concederá un
abogado de oficio, en aquellos juicios que se requiera asistencia letrada
(normalmente en pleitos penales, ya que en algunos pleitos civiles las personas
se pueden defender a sí mismas, no siendo necesaria la asistencia letrada).
3. Derecho a ser
informado de la acusación formulada, es decir, de los cargos imputados, ya que
debe haber una información clara y precisa de lo que se acusa.
4. Proceso público y sin
dilaciones indebidas, es decir, no cabe que el juez y sus oficiales retrasen
por conveniencia el proceso, ya que el legislador al hablar de proceso público
se refiere a procesos que se anuncian, graban...; y al hablar de dilaciones
indebidas se refiere a que no se produzcan retrasos por conveniencia del juez y
sus colaboradores de oficina, ya que toda justicia que se retrasa deja de ser
justa. Por ello, el juez cuando recibe su cometido para llevarlo a cabo, debe
especificar el día y la hora. No cabe causa para retrasarlo. Sin embargo, no
nos estamos refiriendo a dilación indebida cuando un juez retrasa la sentencia
por la complejidad de un caso.
Con
relación a esto, el Tribunal Europeo, con relación al proceso judicial,
establece que:
§ Se debe fijar la
hora.
§ Se debe establecer
atendiendo a las necesidades del juicio, de acuerdo a la pluralidad de las
partes.
§ Se debe atender también
al volumen de trabajo (ya que no es lo mismo el trabajo que hay en una gran
capital que en una pequeña región).
5. Nadie puede negar que
los medios de prueba, ya que existe una obligación pública de colaboración de
todos los ciudadanos a decir lo que se ha visto/oído en la comisión de un
delito. Ante esto existen 2 excepciones en los que las personas no están
obligadas a testificar o decirlo que han visto/oído:
§ Por razón de
parentesco: los abuelos, hermanos, padres o cualquier allegado cercano, no está
obligado a testificar contra ese familiar (cobertura de derecho natural)
§ Secreto profesional:
en algunas profesiones; como abogados, curas, médicos… se tiene la obligación
de no testificar contra la persona con la que se establece la relación laboral.
Concordancias, con los artículos: 1, 9, 16 y 53 (en el que se
establecen los casos en que puede presentarse el recurso de amparo).
·
Artículo 25:
1. Nadie puede ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse
no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento.
2. Las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
El condenado a pena
de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los
beneficios correspondientes de la Seguridad Social , así como al acceso a la cultura
y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración
civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen
privación de libertad.
Plantea 3 cuestiones:
25.1: Se asienta constitucionalmente como
derecho fundamental el principio de legalidad y el de tipicidad:
·
El
principio de legalidad es “nula crimen nula poema sine lege”, teniendo como
concepto de crimen, el significado de que nadie puede ser imputado en un
delito, si previamente no está tipificado. Este principio impone que el
ordenamiento penal (“ius pudiendi”) se ejerce sobre esas personas, pero siempre
que exista un marco previo de los delitos o faltas.
El Derecho Penal es un derecho de última
intervención. El hombre no es bueno por naturaleza. En el principio de
legalidad se establece una tabla aprobada por una ley que recoge el conjunto de
delitos y faltas a través del Código Penal, en cuyo artículo 1 se habla de lo
mismo que dispone la Constitución.
La tabla es variable, ponderando sólo aquellos que atentan
contra la convivencia, la libertad sexual, el honor, las autoridades, la
propiedad...
·
El
principio de tipicidad que consiste en que la pena debe ser proporcional al
delito. Esto plantea el problema del derecho transitorio, que consiste en que
cuando el legislador cambia una ley, al reo como regla general se le aplica la
ley vigente en el momento de la comisión de lo hechos. Sin embargo, si la ley
posterior es más favorable, se aplicara esta, ya que cuando la legislación
cambia siempre se aplicara siempre la ley más favorable.
Ambos principios son complementarios.
25.2: El fin de la pena,
la pena tiene 3 fines:
1.
La Ley de Taylon: “Ojo por
ojo y diente por diente”, que ponía la pena como penitencia.
2.
Rehabilitación
de la pena y la rehabilitación como reeducación del reo (es el caso de España
excepto con el terrorismo y los delitos de la agresión sexual). Por tanto,
quedan excluidas la pena de muerte y la cadena perpetua.
3.
No
es admisible en España la aplicación de penas corporales, como por ejemplo la
castración química a los sujetos culpables de agresión sexual.
25.3: Los derechos del reo:
1.
El
reo tiene los mismos derechos que un ciudadano libre, salvo que la sentencia
límite alguno de estos derechos como por
ejemplo el derecho a votar.
2.
Los
trabajos no tienen que ser forzados y si existen deben estar remunerados y con
seguridad social.
Concordancias, con los artículos: 16, 25 Y el Código de Justicia
Militar.
·
Artículo 26:
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil
y de las organizaciones profesionales.
Ese artículo establece que sólo un juez puede
juzgar y poner penas, entre ellas las penas privativas de libertad. En los Tribunales
de Honor en el ámbito de la Administración Civil no interviene un juez, sino
presión del medio, ya que no eran delictivos o con carácter secreto. Con la Administración Militar
Concordancias,
con los artículos: 16, 25 Y
el Código de Justicia Militar.
1. Todos tienen el derecho
a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. La enseñanza
básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes
públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las
personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro
del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores,
los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los
términos que la Ley establezca.
8. Los poderes
públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes
públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley
establezca.
10. Se reconoce la
autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.
Se refiere a la libertad de enseñanza y al
derecho a la educación y la cultura.
Este artículo no responde todo él a un
derecho fundamental y trata de 4 cuestiones:
1.
Derecho
a la educación: si es un derecho fundamental, es un derecho de última
generación. Este derecho tiene 2 definiciones:
·
Doctrinal:
se refiere al derecho de los ciudadanos a ser instruidos en centros
especializados para alcanzar unos conocimientos que les permitan ejercer una
profesión u oficio.
·
Constitucional:
se puede definir según lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2.
En
la educación también intervienen los padres. Los padres por ejemplo intervienen
para que a sus hijos se les dé una instrucción religiosa o moral.
3.
La
libertad de enseñanza: la educación se imparte a través de la enseñanza. La
libertad de cátedra consiste en la libertad en la forma de enseñar, pero no en
la enseñanza, ya que la enseñanza se entiende como la programación de lo que
deben de aprender y lo que se debe saber para poder ejercer una profesión.
Existe un mínimo de enseñanza en la actualidad, que es la Educación Secundaria
4.
La Autonomía de las
Universidades: es la capacidad que tienen las universidades públicas y privadas
de elegir sus propios órganos de dirección, derecho a que los profesores y
alumnos elijan a sus representantes, capacidad de auto-gestión… (Ley 6/2001).
Concordancias, con los artículos: 1, 16, 17, 43, 47, 149.1…
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar
el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su
ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el
derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones
sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a
afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses. La
Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.
Cabe destacar 2 cuestiones:
1.
La libertad de sindicación.
Los sindicatos son
organizaciones de trabajadores para la defensa de los derechos de los mismos
con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y sociales de las
personas (vacaciones, menos horas de trabajo, baja por maternidad...).
La historia de los
sindicatos se divide en 4 etapas:
1.
Prohibición
y seguimiento por parte de los poderes públicos.
2.
Sistema
de mera tolerancia.
3.
Reconocimiento
4.
Reconocimiento
constitucional.
Estas etapas están desarrolladas en la
explicación del artículo 7.
Respecto a la libertad de sindicación cabe
destacar los siguientes derechos:
1.
Derecho
a pertenecer a un sindicato.
2.
Derecho
a no ser obligado a formar parte de un sindicato (ya que si no se iría contra
el derecho de libertad).
3.
Derecho
a formar un sindicato (LO 11/1985 de 2 de agosto: es la Ley de Libertad Sindical que
comprende además de poder pertenecer a un sindicato la posibilidad de
formarlo).
Cabe señalar que las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad sometidos a la disciplina militar no pueden constituirse
en sindicatos.
2.
El derecho a huelga.
Es un derecho fundamental que consiste en la
suspensión de las jornadas de trabajo con el fin de mejorar las condiciones
laborales y sociales, por lo que no tiene connotaciones políticas. Existen 2
clases de huelgas:
·
Huelga
ordenada o legal: es aquella que los que realizan la huelga la comunican a las
autoridades para que éstas puedan establecer los servicios mínimos (30%). Los
huelguistas no pueden ser despedidos y no cobran, también se suspende la
cotización a la seguridad social. Finalmente, existe el derecho de que quien
quiera ir a trabajar puede ir.
·
Huelga
salvaje o ilegal: es aquella que en los que la realizan la llevan a cabo sin
previo aviso, no tiene servicios mínimos y suelen producirse daños materiales.
Esta huelga podría llevar un despido general de sus autores, aunque no se suele
tomar esta medida.
En España, no hay una ley de huelga, por
tanto se organizan a través de una Sentencia del Tribunal Constitucional del 8
de abril de 1981.
§ Sección segunda: de
los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los artículos de esta Sección no son Derechos
fundamentales, sino que son derechos y deberes de todos los ciudadanos. Estos
son:
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender
a España.
2. La Ley
fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del
servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación
social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el
cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante Ley podrán regularse los deberes de los
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa
de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los
criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer
matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas
de separación y disolución y sus efectos.
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la
herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su
contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino
por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la
correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de
interés general, con arreglo a la
Ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en
los apartados 2 y 4 del artículo 22.
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.
2. La Ley
regulará un Estatuto de los Trabajadores.
1. La Ley
garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante
de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y
empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de
este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá
las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y
la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general y, en su caso, de la planificación.
-
Capítulo III: de los principios rectores de la política
social y económica.
Los artículos del
Capitulo III (Del artículo 39-52), no son Derechos, sino que son principios de
la política social y economica. Los más destacados son:
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente
en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán
libres.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y
promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra
este patrimonio.
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.
-
Capitulo IV: de las garantías de las libertades y
derechos fundamentales.
·
Artículo 53.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo
II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos.
Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades
que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las
libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del
Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva,
la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser
alegados ante la
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las
Leyes que los desarrollen.
Estas garantías se
dividen en 3 partes:
1)
Garantías de los derechos y libertades públicas (del
artículo 14 al 29).
a)
Recabar
la tutela de los poderes públicos.
b)
Notificar
al Ministerio Fiscal.
c)
Ir
al defensor después (artículo 54).
d)
Acudir
al Tribunal de Justicia.
e)
Recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional.
f)
Acudimos
al Tribunal Europeo de Estrasburgo.
g)
Estos
derechos sólo se pueden regular por Ley Orgánica (artículo 81), ya que si no se
regula por la ley orgánica se puede recurrir al Tribunal Constitucional
mediante el recurso de inconstitucionalidad.
2)
Garantías de los derechos y deberes (del artículo 30 al
38).
a)
Recabar
la tutela de los poderes públicos.
b)
Notificar
al Ministerio Fiscal.
c)
Ir
al defensor después (artículo 54).
d)
Acudir
al Tribunal de Justicia.
e)
Estos
derechos sólo se pueden regular por Ley Ordinaria.
3)
Principios rectores de la política social y económica
(del artículo 39 al 52).
a)
Recabar
la tutela de los poderes públicos.
b)
Notificar
al Ministerio Fiscal.
c)
Ir
al defensor después (artículo 54).
d)
Acudir
al Tribunal de Justicia, pero con una serie de condiciones, ya que sólo pueden
ser alegados ante los Tribunales de Justicia si existe una ley que los haya
desarrollado. Por ejemplo: la Ley
de usuarios y consumidores de 1984 o la
Ley del minorista de 1999.
e)
Estos
derechos sólo se pueden regular por Ley Ordinaria.
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